¡Miiiiil euros!…. repiten los niños de San Ildefonso. Mil euros anuncia Yolanda Díaz de subida indiscriminada del SMI como desiderátum, porque dice ella que «con la vida de la gente y con las cosas de comer no se juega». Más artificio que fuego real. No podemos negar el simbolismo de la cifra, sobre todo después de dejarnos claro que España está plagada de mileuristas y los mileuristas no llegan a fin de mes. Y, sin embargo, la ministra de Trabajo insiste en que la mejor herramienta para combatir la pobreza y precariedad laboral es el SMI. Como la reforma que acabó en retoque porque no se podía hacer otra cosa. A bote pronto, intentar vender esta subida como un éxito o logro de envergadura choca directamente con la propia reforma laboral de anteayer, donde se consagró la prioridad aplicativa del convenio colectivo sectorial en materia retributiva. Esto significa que, a nivel general y salvo habas contadas, la mayoría de convenios sectoriales estarán siempre por encima del SMI en su conjunto, así que, sin restarle importancia a la subida, no parece ni hito ni mito. Es más, en términos porcentuales el 3,2 % de incremento que supone sobre el importe vigente acabará engullido por la inflación, que el Banco de España ya sitúa en un 4 % para el 2022.
No creemos que suponga destrucción de empleo, aunque sí tendrá su impacto. Lo sufrirán de forma inmediata los autónomos y pequeñas empresas, ya masacrados por la subida de suministros y amenazados por las cuotas de Escrivá. Si de verdad se quieren abordar cuestiones de fondo, aún queda partido. Mil euros deber ser una cifra fetiche para el Gobierno, pues es la que curiosamente también han decidido fijar sin dar ninguna explicación como límite para las quitas de deudas de Hacienda y Seguridad Social en los procedimientos de segunda oportunidad y exoneración de pasivo. Pues bien, mientras se siga sobreprotegiendo el crédito público no tendremos una segunda oportunidad real en España. Estamos inmersos en pleno trámite parlamentario de otra reforma. La del texto refundido de la ley concursal. Emprendedores, autónomos, pequeñas empresas y el mercado laboral del futuro celebrarían que las deudas contraídas con la Administración pudieran exonerarse más allá de esos mil euros. Eso sí que podría ser una cosa chulísima.
Por Juan Rojo de Castro y José Carlos Bouza Fernández, Abogados – Socios de FCH Social y Mercantil.